La Cámara de Diputados discute un proyecto de ley que permitiría abrir radios comunitarias a las comunidades indígenas del país, aunque el permiso sería concedido a las que sean reconocidas por el Estado. El proyecto aún debe ser aprobado por las comisiones de Ciencia y Tecnología, Comunicación e informática, y también en la de Constitución y Justicia.

El lunes 21 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA eligió a la abogada colombiana Catalina Botero Marino como Relatora para la Libertad de Expresión. Los otros candidatos propuestos para ocupar el cargo que dejó el abogado venezolano Ignacio Álvarez, eran Christina Cerna (Estados Unidos), Ronalth Ochaeta (Guatemala), Juan Pablo Olmedo (Chile) y Marcello Scarone (Uruguay/Canadá). El boletín del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) contiene una entrevista con cada uno de ellos –incluyendo a la flamante Relatora– y puede leerse en IPYS

El Congreso Nacional chileno tiene a consideración dos proyectos de ley para regular su marco jurídico en materia de radiodifusión. Uno está relacionado con las radios comerciales, modificando el sistema de otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora y se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. El otro proyecto refiere a la radiodifusión comunitaria. Plantea crear el Servicio Comunitario de Radiodifusión Ciudadana, que comprende un espacio radioeléctrico, cuyo uso y goce de frecuencia se otorgará por concesiones temporales a organizaciones de la Sociedad Civil.

Acaba de aprobarse la creación de un Consejo Nacional de Ética Periodística de Bolivia (CNEPB), organismo que tiene dentro de su cuerpo directivo permanente la presencia de AMARC, y que posee un Tribunal Nacional de Ética correspondiente. Estos organismos propenderán a velar por el correcto ejercicio de la profesión periodística, respetando los derechos no sólo de los ciudadanos en tanto receptores de mensajes sino también de los propios periodistas.

ALERTA - La emisora comunitaria La Voz, ubicada en la comuna de Estación Central de Santiago de Chile, emitió una declaración pública el pasado 4 de julio donde denuncia la realización de varios allanamientos por parte de personal de la policía de investigaciones que vienen ocurriendo desde el 30 de junio de este año.

Un decreto de asignación de frecuencias analógicas comerciales próximo a firmarse, un marco regulatorio de TV digital que espera la aprobación del presidente Tabaré Vázquez, un reglamento para la asignación de frecuencias de radiodifusión comunitaria, una ley de telecomunicaciones que empieza a definirse y otra de publicidad oficial que estará lista en este período son algunas de las iniciativas en las que trabaja el gobierno.

En entrevista concedida al diario La Jornada, el académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Carlos Arcos critica duramente al Grupo Isaías por su estafa al Estado ecuatoriano y los sectores empresariales y financieros que los defienden. Afirma que se trata de “una reacción defensiva que demuestra el poco sentido crítico que tienen estos grupos frente a la colusión de intereses entre grupos oligopólicos sin ética”. Además, esboza algunos conceptos respecto al estado de situación de la comunicación en el país, cuando dice que “el hecho de limitar a los grupos económicos la posibilidad de concentrar los medios en sus manos es parte de la democratización. Amplía las posibilidades del acceso a la información”. Arcos es también escritor y columnista del diario quiteño Hoy.

Mediante un comunicado de prensa la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) publicó, el pasado 14 de mayo, los lineamientos generales que permiten la transición a la Radio Digital Terrestre (RDT) para todas aquellas estaciones de radio ubicadas dentro de la zona de 320 kilómetros de la frontera norte de México.

En las próximas semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA definirá quién es el nuevo Relator para la Libertad de Expresión. Los cinco candidatos para ocupar el cargo que dejará el abogado venezolano Ignacio Álvarez, son: Catalina Botero (Colombia), Christina Cerna (Estados Unidos), Ronalth Ochaeta (Guatemala), Juan Pablo Olmedo (Chile) y Marcello Scarone (Uruguay/Canadá).