CIDH advierte de la "gravedad" de situación de derechos humanos en Venezuela

"Tenemos una profunda preocupación sobre los acontecimientos recientes en Venezuela y, como señalamos en algunos de los informes, nos parece que se está usando el poder punitivo del Estado para silenciar a los opositores en este país", señaló González.

En una rueda de prensa tras concluir el 138 periodo de sesiones de la CIDH, señaló que "la forma en que se está utilizando el poder penal para restringir la libertad de expresión no es el que corresponde en un sistema democrático de gobierno".

González aludió así a las medidas tomadas en Venezuela en las últimas semanas contra el ex gobernador y ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz; el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga; y la jueza María Lourdes Afiuni Mora.

En las últimas veinticuatro horas, Zuloaga fue detenido y puesto en libertad por un presunto delito de vilipendio contra el presidente Hugo Chávez, por unas declaraciones que hizo en una reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Aruba.

Álvarez Paz fue detenido el 22 de marzo acusado de ir contra la forma republicana de gobierno tras denunciar presuntos vínculos de altos funcionarios estatales con grupos vinculados al narcotráfico.

Afiuni fue detenida en diciembre tras haber ordenado la libertad condicional de Eligio Cedeño, un empresario acusado de "obtención fraudulenta de divisas", entre otros delitos.

"Como telón de fondo de todo esto está la situación del sistema judicial venezolano", dijo González, que señaló que "existen claras evidencias de graves problemas de falta de imparcialidad".

"El Estado está aplicando su poder de manera indebida, al usarse el sistema judicial penal como mecanismo para perseguir y sancionar a las personas que emiten ciertas opiniones, sobre todo cuando esto se hace con un sesgo político", explicó.

En este sentido defendió el informe que publicó la Comisión el mes pasado en el que advertía de las "serias restricciones" a los derechos humanos en el país, que fue tildado de "ignominioso" por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

González consideró que era "indispensable" hacer este informe "dada la gravedad de la situación de los derechos humanos en Venezuela", por lo que, explicó, "en ningún caso" las palabras de la Comisión son difamatorias y lamentó que el gobierno de ese país descalificase el informe sin refutarlo con alegaciones concretas.