Oposición discute en reserva un texto alterno a la Ley de Medios
El proyecto fue impulsado por el gobierno que encabeza el presidente Rafael Correa, y en la parte expositiva sostiene que en Ecuador los medios promueven antivalores y la sociedad puede perder la capacidad de crear y compartir información y conocimiento vinculado a los valores de la cultura de pueblos y nacionalisdades.
Varios artículos del proyecto son objetados, no sólo por medios de comunicación y la oposición política ecuatarianos, sino también por la relatora de Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos, organismo de OEA, que advirtió seis riesgos que se crean.
Entre los artículos polémicos, aparece el 9°, que si bien "reconoce y garantiza el derecho a la libertad de pensamiento", puntualiza que "este derecho comprende la búsqueda, recepción, intercambio y producción y difusión de información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, en cualquier forma, señas y signos; por cualquier herramienta o medio de comunicación, en su propia lengua y sin ningún tipo de censura previa directa o indirecta, pública o privada, con responsabilidad ulterior".
Crea un Consejo de Comunicación e Información, con dos integrantes postulados por la Presidencia de la República, un integrante postulado por el Consejo de Igualdad, uno postulado por las facultades o escuelas de comunicación social de las universidades públicas y privadas y tres representantes de la ciudadanía, que tendrá, entre sus atribuciones, proteger y promover la vigencia efectiva de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley, conocer y resolver, en sede administrativa, sobre las vulneraciones a los derechos a la comunicación, monitorear técnicamente la programación de radio y televisión para determinar el cumplimiento de la clasificación de contenidos y franjas horarias, fomentar e incentivar la creación de espacios para difusión de la producción nacional, garantizar las cuotas de pantalla, e implementar mecanismos para informar el tiraje, sintonía y niveles de audiencia de los medios.
Bajo el título "Transparencia de los medios de comunicación social", crea un registro público de los medios, que deberá contener datos generales, políticas editoriales e informativas, estructura orgánica, composición del capital social o propiedad y código de ética. El registro será llevado por el Consejo de Comunicación e Información. Los medios estarán obligados no solo a dar esos datos al registro, sino a comunicar todo cambio.
SANCIONES. Asimismo, prevé sanciones por inclumplimiento de la ley. En el caso de diarios y otras publicaciones impresas, las infracciones darán lugar a una amonestación escrita, la que deberá publicarse en la sección editorial del propio medio en el día de mayor tiraje y una multa del 1% hasta el 10% del promedio de facturación del medio de comunicación en los últimos tres meses. Para los canales de televisión, la amonestación pública "se dará a conocer a la audiencia mediante la inserción de un texto en la pantalla en las condiciones dispuestas en la resolución sancionadora y multa del 1% hasta el 10% del promedio de facturación del medio de comunicación en los últimos tres meses".
La amonestación podrá ser por difundir cartas que no estén debidamente respaldadas por firma, identificación o seudónimo de sus autores; incumplir la obligación de trasmitir mensajes de instituciones el Estado que sean de interés nacional como salud, educación, prevención de riesgo y defensa nacional; no incluir la difusión de música nacional en todos los horarios epsacios y condiciones fijados por esta ley (esto es para lo que define como "estaciones de radiodifusión sonora"); incumplimiento de la obligación de incluir el porcentaje de producción nacional en la programación; incumplir la obligación fijada a los medios de publicar sus instrumentos de autorregulación, entre otros requisitos.
El gobierno introduce el concepto de la "participación ciudadana", que dispone lo siguiente: "La ciudadanía podrá organizarse en audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otros para la protección y vigilancia de los derechos a la comunicación".
OBJECIONES. El diario El Comercio, de Quito, integrante del Grupo de Diarios América, publicó un editorial en el que denuncia que los diputados oficialistas "afinaron el contenido de una ley que impone el control y la sanción al libre ejercicio de la prensa libre" y buscar aprobarla "sin cambios, como aplanadora".
"Apruebas condicionamientos al proceso informativo que lo tornar imposible y lo convierten, aunque en el texto proclamen oo contrario, en una suerte de censura previa", agrega el editorial. "La Constitución, construida desde un pensamiento garantista, invoca la prevalencia de las normas internacionales que protegen los derechos individuales y las garantías de libertad como normas superiores. El Ecuador es signatario de la normativa universal. Todas sus autoridades están llamadas a respetar ese mandato internacional".
"Cuando se adquieren compromisos políticos y en los debates en foros internacionales se dijo que el proyecto de Ley de Comunicación sería sometido al filtro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la relatoria de Naciones Unidas, si el proyecto se aprueba sin pasar por esos filtros, la libertad de expresión estará herida, la libertad de la gente subyugada por el poder político. La libertad libra una batalla crucial y definitiva", indicó El Comercio.
11 julio 2010
