Argentina

En una de las últimas conferencias del evento, Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación, habló sobre la nueva ley de radiodifusión, aprobada a fines del año pasado.

La Corte Suprema de Justicia comenzó a analizar hoy un recurso del Estado a raíz un fallo a favor del Grupo Clarín que mantiene suspendido un artículo clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el plazo de un año para que las empresas de medios se adecuen a la nueva norma.

La Corte Suprema de Justicia comenzó a analizar un recurso del Estado a raíz un fallo a favor del Grupo Clarín que mantiene suspendido un artículo clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el plazo de un año para que las empresas de medios se adecuen a la nueva norma.

A fuerza de mucho dinero público e interés político del Gobierno, las expectativas según esta evaluación bordean lo increíble: la TV Digital alcanzaría el 75% del país al cierre de este año.

Hace unas semanas las calles porteñas amanecieron llenas de afiches. En ellos se relacionaba a una serie de periodistas (que sistemáticamente han ejercido su profesión como apéndices funcionales de sus respectivos medios de comunicación), con un juicio que ya lleva más de 8 años en contra de la dueña del grupo monopólico comunicacional Clarín. Paradójicamente dichos periodistas forman parte del grupo, grupo que se ha posicionado en una actitud agresiva frente a toda tentativa de aplicar la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que vendría a reemplazar la Ley de Radiodifusión (la 22.285) de 1980, legado de la última dictadura miliar Argentina.

En un episodio más de la pelea entre el gobierno y el mayor grupo medial del país, Clarín publicó un comunicado (archivo PDF - enlace relacionado) en el que denuncia “una escalada de hostigamiento administrativo y judicial” contra la empresa.

En un acto público de desagravio, Argentina reconoció su responsabilidad en la condena al periodista Eduardo Kimel, quien murió en febrero pasado, reportó Página 12.

El Consejo Asesor sobre la implementación busca apoyo regional para impulsar el desarrollo bajo intereses socio culturales antes que comerciales.

Dos nuevos canales de aire están emitiendo señal en las últimas semanas en el espectro televisivo de la capital pampeana. Se trata de las señales 7 y 11, y a través de esta maniobra se pretende monopolizar la TV abierta. Detrás de esta maniobra ilegal hay quienes adivinan la presencia de representantes oficiosos del Grupo Clarín que ya comenzó su ofensiva con el alquiler de la señal de Canal 6 Comunitario el año pasado.

Así lo manifestó el presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Luis Pardo Sainz, en una entrevista exclusiva con R&TA.

Beatriz Paglieri, directora del Estado en Papel Prensa, advirtió que "apropiarse del papel para diarios es apropiarse de la libertad de expresión". Fue durante una conferencia en La Rioja.

Lo dijo al revocar una medida cautelar que había suspendido la aplicación de la nueva ley de medios. Por unanimidad, el Máximo Tribunal aseguró que un diputado no tiene legitimación para reeditar en sede judicial un debate que perdió en el Congreso

Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, habla de la aplicación de la nueva ley y los cambios que generaría

Cuando aún no comenzó a regir la nueva Ley de Medios, el Grupo Clarín ya comenzó a quedarse sin algunas señales de cable, luego de que la Autoridad de Aplicación le revocara varias de esas transferencias a Cablevisión y Multicanal, ambas empresas del Grupo.

El vicepresidente ejecutivo del Grupo 23, Sergio Szpolski, denunció ayer en la Cámara que la empresa del Grupo Clarín “haciendo uso de su posición dominante en el mercado, se niega a incluir al canal de noticias CN23 en su grilla de programación, a pesar de una resolución del Comfer que así lo establece".

En lo que constituye una noticia extrañamente ignorada por la prensa "grande" argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, formuló ante la OEA un informe muy favorable con respecto a la ley de medios sancionada en nuestro país el año pasado.

Es el 161, que obliga a las empresas a iniciar un plan de desinversión de un año en el cual deben desprenderse de medios. Había sido suspendido por una Cámara de Capital.

Mediante la Resolución 175/2010, el AFSCA dispuso la prorroga del relevamiento obligatorio de Servicios de Comunicación Audiovisual, por 30 días hábiles, a partir del 30 de Junio Todas las presentaciones deberán efectuarse en la sede del AFSCA, sita en la calle Suipacha 765 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las Delegaciones del interior del país.

El Gobierno decretó la creación del "registro público de señales y productoras previsto en el artículo 58 de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, el que será implementado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual", a cargo de Gabriel Mariotto.

La nueva ley de medios audiovisuales de Argentina, aprobada en octubre de 2009 y que impone límites a los monopolios, podrá ser reglamentada y aplicada tras un fallo judicial que suspendió la última medida cautelar que la frenaba, informó el viernes una fuente oficial.