Ecuador

Comunicado de prensa RSF - La Ley de Comunicación a la que aspira el presidente Rafael Correa debe entrar en un proceso de adopción definitiva el 18 de junio de 2010, tras siete meses de controversia en la Asamblea Nacional y dentro de la profesión. En esta perspectiva, Reporteros sin Fronteras participó en el foro “Periodismo en debate”, los pasados 7 y 8 de mayo en la Universidad San Francisco de Quito, por iniciativa del periodista y docente Éric Samson, también corresponsal de nuestra organización en Ecuador. Las entrevistas hechas en el marco – pero también al margen – de esos dos días de diálogo dieron lugar al informe que publicamos hoy.

Al inicio de la segunda jornada, la Comisión de Comunicación de la Asamblea aprobó el articulado del capítulo sobre la producción nacional que consta en la Ley Orgánica de Comunicación.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó en Perú que en su país hay plena libertad de expresión, pero pertenece a los ciudadanos, y dijo que el poder mediático privado pretende vivir sin contrapeso alguno.

En tiempos donde la frase libertad de expresión parece estar de moda y en donde el mensaje predominante es que la mayor amenaza a dicho derecho universal proviene del Gobierno ecuatoriano, principalmente del presidente Rafael Correa, no deja de sorprender el resultado de un estudio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), que identifica la mayor amenaza en los grupos de poder, seguida de dueños/directores de medios, gobierno y anunciantes.

El asambleísta César Montúfar (Concertación Nacional) y los asesores de la Comisión de Comunicación Xavier Flores y Manolo Sarmiento prepararon ayer una propuesta para conformar el Consejo de Comunicación, el punto de discordia en la redacción del proyecto de Ley de Medios.

Las organizaciones sociales del país contarán con frecuencias de radiodifusión de tipo comunitario. Este proceso se concreta, tras el acuerdo firmado entre el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC).

Mientras en Chile el presidente sigue recibiendo presiones para desvincularse de la propiedad de un canal de televisión, en Ecuador el gobierno de Rafael Correa dispuso la venta de paquetes de acciones de dos televisoras embargadas por el Estado hace casi dos años, reportó El Universo.

Ecuador se convirtió ayer (26 de marzo 2010) en el sexto país de Sudamérica en adoptar el estándar japonés-brasileño para implantar la televisión digital terrestre (TDT).

El Gobierno Ecuatoriano constituirá un fondo de alrededor de 600 mil dólares para arrancar con el proyecto de concesión de frecuencias radiales a los 14 pueblos y nacionalidades del país.

Según Luis Macas, ex presidente de la Conaie y referente histórico del movimiento indígena, “el presidente Rafael Correa se ha encargado de separarnos con esas campañas de comunicación”. En ese sentido, anunció que se está trabajando en una estrategia para contrarrestarlas.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) aprobó ayer la firma del convenio que se suscribirá con la Secretaría de Pueblos, los movimientos sociales y Participación Ciudadana para la concesión de frecuencias de radiodifusión de tipo comunitario.

Así lo afirmó el titular del Conatel, Jorge Glas, tras señalar que el silencio administrativo no es aplicable en este tipo de procedimientos.

El Estado ecuatoriano realizará concursos públicos para que las distintas nacionalidades indígenas puedan acceder a frecuencias bajo la figura de "radios comunitarias".

Según información de la Comisión de Auditoria, después de escuchar las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la concesión de frecuencias readioeléctricas por parte del Conartel, Fernando Cordero solicitó al doctor Pólit se inicie un nuevo examen especial de los años restantes, hasta llegar al 2009, de manera que se puedan tomar acciones, dado que el informe de la Comisión Especial no tiene carácter vinculante.

La Conatel de Ecuador inició la revisión de las concesiones de frecuencias otorgadas al margen de la Ley. Con este marco se dispone el inicio del proceso de cancelación de los contratos de concesión de siete radioemisoras.

Redes de comunicación, gremios periodísticos, movimientos sociales y populares, y organizaciones de derechos humanos se pronunciaron a favor de que Ecuador cuente con una ley de comunicación de carácter democrática, acorde a lo que establece la Constitución. Así también condenaron la campaña emprendida por los empresarios de la comunicación, destinada a impedir la aprobación de la ley.

Desde distintas organizaciones de la sociedad civil, se entregó a la Asamblea Nacional una propuesta de distribución equitativa de frecuencias de radio, televisión y cable para sistemas análogos y digitales. También consideraron que la nueva Ley de Comunicación debe contemplar la asignación del espectro radioeléctrico para cada uno de los sectores presentes en el sector: privado, público y comunitario.

El pasado 14 de setiembre se presentó en el Legislativo un proyecto de ley de Comunicación para que este comience su debate en medio de la expectativa que genera la intención del Ejecutivo de reformar la ley existente.

Las principales organizaciones y movimientos indígenas del país presentaron sus propuestas básicas para que se integren al proyecto de ley de comunicación que está en proceso de elaboración. En un mandato de ocho puntos que fue remitido a la Coordinadora Social de Comunicación, los pueblos y nacionalidades del Ecuador enfatizan en la necesidad impostergable de que el proyecto de ley orgánica de comunicación se caracterice por incluir el carácter plurinacional del país.

Representantes de varias entidades relacionadas con la comunicación piden que se haga público el informe de auditorías. El Foro Ecuatoriano de la Comunicación pidió que el Gobierno publique de manera oficial el informe de la auditoría de frecuencias. El documento se entregó el 18 de mayo.